OLIGARQUÍA Y CACIQUISMO EN EXTREMADURA

Marcelino Cardalliaguet Quirant

Los comienzos del siglo XX fueron para España y para Extremadura especialmente difíciles y críticos, tanto desde la conservación de la paz social, como desde los aspectos políticos y económicos heredados de la centuria anterior. La pérdida de las últimas colonias, o “Provincias de Ultramar”, a causa de la desdichada guerra contra los Estados Unidos, en 1898, provocaría ya los primeros síntomas de la crisis: hundimiento del prestigio internacional; pérdida de los mercados de azúcar, tabaco y otros productos “ultramarinos”; repatriación de los combatientes en Cuba y Filipinas – que tanta importancia tuvieron para Extremadura -, y el agudizamiento de las tensiones sociales del “caciquismo” tradicional y del subdesarrollo, denunciados y criticados en la brillante literatura de la “Generación del 98” – especialmente por Joaquín Costa – que proponían una “Regeneración” del país, bajo la batuta de un “Cirujano de Hierro” que pusiera orden en el desbarajuste nacional.
Tengamos en cuenta que uno de los aspectos políticos y sociales heredados de la centuria anterior habían sido los planteamientos “nacionalistas” de catalanes y vascos, insinuados y exigidos en los escritos de Prat de la Riba y de Sabino Arana, respectivamente; que con la crisis del 98 y el desprestigio nacional español, llegaron a sus máximas exigencias de independencia y desvinculación del resto de la nación. En 1887 se había fundado la Lliga de Calalunya, poco después aparecería el Partido Nacionalista Vasco (1895) y en el 97 la Lliga Galega.
En Extremadura, ya a comienzos del siglo, empezaron a oírse también ciertas voces “autonomistas”, como en Galicia, Andalucía, Baleares o Valencia. Desde 1899 se publicaba en Cáceres la “Revista de Extremadura”, órgano de la Comisión de Monumentos de Cáceres y Badajoz, en la que escribían sus propuestas autonomistas Matías Ramón Martínez, José López Prudencio, Mario Roso de Luna y otros intelectuales tendentes a una “regionalización” basada en argumentos geográficos, étnicos, lingüísticos y folclóricos. Poetas como José María Gabriel y Galán o juristas como Diego María Crehuet de Amo escribirían sus versos o sus cuentos y narraciones en un lenguaje vulgarizado, comarcano, lleno de formas populares, imitando los “dialectos” extremeños vigentes en ciertas regiones o comarcas: el “chinato” de Malpartida de Plasencia, el “mañegu” o “lagarteiru” de Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo, o del “jurdano” en el que se expresan los habitantes de Las Hurdes; en la provincia de Badajoz, el poeta Luis Chamizo utilizaba un lenguaje inventado por él, al que llamaba “castúo”, a base de expresiones vulgares y populares, en las que se suprimían las consonantes finales.
De cualquier manera, en Extremadura la cuestión regional era un problema menor, enraizado en minorías muy caracterizadas que no contaba con ningún apoyo popular. Después del “cisma” de los curas y frailes “santiaguistas” contra el Obispo de Badajoz, tampoco el tema religioso representó un escollo a la convivencia social de la región. En cambio, la presencia en el escenario rural de los abusos, injusticias y perversiones del “caciquismo”, con sus lacras sociales y políticas – analfabetismo, pobreza, ignorancia, etc. – sí que fue un serio problema en Extremadura, como en Castilla, Galicia o Andalucía; aunque podamos considerar que era una plaga que se extendía por toda España.
El día 17 de mayo de 1902 fue proclamado Rey de España el joven príncipe Alfonso de Borbón Habsburgo Lorena, nacido en 1885, pocos meses después de que muriera su padre Alfonso XII. Su proclamación se hizo en el entonces Congreso de los Diputados, mediante el juramento de respetar la Constitución de 1876, y la renuncia de su madre, la Reina doña María Cristina de Habsburgo, a los poderes de Gobernadora que le otorgara su augusto esposo poco antes de morir. Reinó desde entonces en el País durante 29 años, y ha sido sin duda uno de los monarcas más controvertidos de nuestra historia reciente; criticado y elogiado, casi en la misma proporción, por lo que hizo y por lo que dejó de hacer.
Las décadas iniciales del siglo XX nuestra región las vivió en un permanente movimiento de violencia y rebeldía de las clases trabajadoras del campo – braceros, yunteros, pequeños aparceros, etc. – contra los poseedores de grandes fincas y parcelas, los “terratenientes” y “latifundistas”, vinculados a los partidos políticos conservadores y liberales, a través de los “caciques” de los pueblos, encargados de “amañar” las elecciones para que en cada momento – según se determinara en Madrid por los líderes correspondientes – venciesen en las urnas unos u otros, en función de los intereses que prevaleciesen en las altas esferas políticas.
En los pueblos extremeños votaban frecuentemente hasta los muertos de los cementerios, unas veces por los conservadores y otras por los liberales. En determinadas circunstancias, se daba o se quitaba el trabajo a los braceros si no demostraban que habían votado a quien les decía el “cacique”; que no solía ser el alcalde ni ningún cargo del Ayuntamiento, sino el labrador más rico de cada localidad, que mandaba más que el alcalde; autoridad municipal, como la de los concejales, que él ponía o quitaba a su antojo.
En ocasiones, incluso, se recurría al “pucherazo”, que era meter en cada urna un montón de votos “extras” e impedir que votasen los pobres descontrolados del pueblo, con pandillas de “matones” pagados que se contrataban fuera de la localidad, para “reventar” las urnas o para cambiar las actas de la votación.
La Guardia Civil se mantenía siempre al margen de los procesos electorales, por orden expresa de los Gobernadores Civiles, lo que facilitaba mucho la manipulación casi delictiva de los “caciques”.
Las denuncias constantes y conscientes de esta situación de injusticia y abusos dio lugar a una literatura expresionista y dolorosa por parte de Felipe Trigo – en “El Médico Rural” y sobre todo en “Jarrapellejos” – que le vinculan con la “Generación de 98”; muy especialmente con Joaquín Costa, aragonés que gozaba de una gran veneración y respeto en el Ateneo de Madrid, creador de la corriente “Regeneracionista” que habría de informar la acción política de varios grupos y círculos de la capital de España; normalmente los de inspiración “progresista” o de claras tendencias “socialistas”.
Este “Regeneracionismo” que propugnaba Joaquín Costa para la sociedad española, pasaba por una profunda reforma de la propiedad agraria, nacida de los abusos de la desamortización decimonónica. Mejoras técnicas en las condiciones de los cultivos: regadíos, pantanos, transportes, mecanización, etc. ya que la agricultura española era la más atrasada y de menores rendimientos de toda Europa; pues no había evolucionado casi desde la Edad Media.
Eran necesarios – según Costa – cambios estructurales de la economía y de sus relaciones productivas, así como por la redistribución de las rentas y beneficios generados por el sector rural, basándose en la justicia social y en la rectitud moral de los políticos.
Todos estos planteamientos, que su autor expuso en numerosas obras y escritos, como “Colectivismo Agrario en España” (1898); “Oligarquía y Caciquismo como forma actual de gobierno en España: Urgencia y modo de cambiarla” (1901), etc. chocaban frontalmente con los intereses egoístas e insolidarios de las altas clases sociales, que veían en Costa a un “socialista” desaforado, que pretendía romper los esquemas políticos y sociales de los que ellos se aprovechaban.
En Extremadura, el representante más genuino de estas ideas “regeneracionistas” fue el Deán de la Catedral de Plasencia, don José Polo Benito, que escribía en 1919: “Resignado el pueblo a las venganzas del caciquismo, tan endémico aquí como las calenturas, lo han enseñado a ser manso y paciente; pues, ¿no lo veis cruzado de brazos, contemplando el desfile aparatosamente procesional de los mandarines de turno, prontas las espaldas a los golpes de la represalia, que en los repartimientos de los cargos municipales, sin citar otros, se llevan a cabo con espantosa impunidad…’?
Hubo momentos a lo largo del reinado de Alfonso XIII en los que esta resignación fue imposible. Braceros y campesinos estallaron en huelgas y manifestaciones violentas por toda la región; como en los años 1903 y 1904, en los que la situación se hizo insostenible para los más humildes trabajadores de la tierra, que no podían atender ni alimentas a sus familias con los exiguos jornales que percibían por su trabajo; mientras los precios de los productos alimenticios se elevaban continuamente; lo que reflejó Polo Benito en su libro: “El Problema social del campo en Extremadura” (Salamanca, 1919), con datos y detalles reveladores de la difícil situación de la mayoría de la población rural.
“Antes de la primera Guerra Mundial – escribía Pascual Carrión en su conocido estudio sobre “Los Latifundios en España” – los gañanes de los cortijos no ganaban más que 0´75 cts. ó 1 peseta de jornal, más la alimentación a base de gazpacho, durante el día, con tres libras de pan, agua, un poco de aceite y ajos. Un guiso de garbanzos bastante malo por la noche. En total 1´50 o 2´- pesetas”.
Según el citado Deán de Plasencia – que luego lo sería también de Toledo, y moriría fusilado en 1936, siendo beatificado por Benedicto XVI en 2007 – en Extremadura los jornales solían oscilar entre 1´75 a 2´75 pesetas diarias para los hombres; y entre 0´75 y 1´50 pts. para las mujeres. Pero estos jornales se pagaban solamente en épocas de siembra, escardado, vendimia y vareo de las aceitunas; pues para las tareas de la siega, trilla y otras operaciones del cereal, solían apalabrarse temporeros foráneos, en régimen de “destajo”, que lo efectuaban más rápido y con menos protestas.
Con mucha frecuencia, aparecían en las plazas mayores de los pueblos, por el día de San Juan, cuadrillas de segadores gallegos o portugueses que exigían menores salarios y soportaban mejor las imprecaciones de los capataces – quizá porque no los entendían -, con lo que los propios braceros extremeños se veían reducidos al paro o a la indigencia; precisamente en las épocas en las que el trabajo agrícola era más abundante, aunque los salarios se mantuviesen siempre en los mínimos.
En Extremadura los sentimientos hacia el nuevo y joven Monarca fueron unánimes; en Cáceres, ciudad más tradicionalista y católica, gozó de notables simpatías entre su población a partir de 1905, cuando giró su primera visita, el 25 de abril, y se le hicieron arcos de triunfo y solemnidades religiosas en Santa María. Ese mismo día marchó a Badajoz, donde también fue recibido con grandes pompas y actos institucionales o militares. Luego marchó en tren a Mérida y continuó por Ciudad Real hacia Madrid.
En 1909 hizo una segunda visita a Extremadura, llegando en coche desde Villaviçosa, en Portugal, a donde había viajado para apoyar y alentar al joven Manuel II, después de la grave crisis por la que pasaba la Monarquía en el país vecino. Después volvería en ocasiones a nuestra región, pero la mayoría de ellas era a cazar en fincas y dehesas de los nobles de la Corte.
La Gran Guerra europea – desde 1914 a 1918 – provocó en toda España – que era país neutral y proveedor de ambos beligerantes – una subida exagerada de los precios de los alimentos y de los productos agrícolas, beneficiando con abultadas ganancias a los propietarios terratenientes, a los grandes labradores o a las cooperativas agrícolas; pero cayendo como una losa sobre las clases obreras, braceros, yunteros y aparceros que no poseían tierras y dependían de pequeños salarios o “medianerías”. Los movimientos reivindicativos de estas clases humildes para conseguir mayores salarios – pocas veces coordinados y con alcances comarcales o regionales – siempre tuvieron la respuesta violenta y represiva de la Guardia Civil, deteniendo o apaleando a los revoltosos. Sería en 1917 cuando el azote del hambre en España se hizo angustioso, y todos los pueblos extremeños se lanzaron a una huelga general, en aquel mismo verano, coincidiendo con otras huelgas urbanas de trabajadores industriales, provocando una ola de violencias y represiones generalizadas.
A pesar de los continuos “memoriales” e “informes” que se encargaban por los gobiernos de la Monarquía, particularmente los gobiernos “progresistas” de Segismundo Moret o de José Canalejas, a la recién creada “Comisión de Reformas Sociales”, solamente éste último llegó a captar la gravedad del problema de los obreros del campo y de las consecuencias de la situación. Por ello, en 1911 quiso ampliar la “Ley de Repoblación y Colonización Interior”, que había promovido el conservador Antonio Maura en 1907, para facilitar tierras a los trabajadores agrícolas, a base de comprar el Estado tierras improductivas a los grandes terratenientes, y repartirlas entre los pobres que deseasen cultivarlas. La medida, como puede colegirse, no era, ni mucho menos “regeneracionista”, ya que iba encaminada fundamentalmente a favorecer los intereses de los sectores más poderosos y conservadores, que eran los que sostenían los gobiernos “mauristas”. No obstante, nuevos y graves problemas, como fueron la “Semana Trágica de Barcelona”, la guerra del Rif y el asesinato del propio Presidente del Gobierno, habían interrumpido el proceso sin que se alcanzasen resultados positivos.
El atentado que en la Puerta del Sol segó la vida de Canalejas en 1912, acabó también con la posibilidad de dar soluciones positivas a los eternos problemas y conflictos que embarraban la vida política española. Eduardo Dato, conservador de inspiración “maurista”, cuando llegó a la Presidencia del Gobierno en 1914 propuso que las Cortes aprobaran otro proyecto de ley muy semejante, pero fue rechazado por los diputados “caciquiles” que defendían los intereses oligárquicos de los propietario. La misma suerte corrió un nuevo proyecto redactado por Santiago Alba en 1916, hasta que al año siguiente estallase una gravísima crisis con huelga general, disturbios callejeros en casi todos los pueblos y ciudades, rebelión parlamentaria y hasta un “plante” militar que amenazó terminar la precaria estabilidad de la Monarquía Alfonsina.
Las reivindicaciones del “socialismo” – todavía no muy implantado en el campo, donde gozaba de mayor predicamento el “anarquismo”, más radical – vinieron a ser una constante llamada de atención contra la política seguida y mantenida por los cambiantes gobiernos de la ya desprestigiada monarquía “Borbónica”.
En el campo extremeño no llegó a prender el “anarquismo”, un tanto mesiánico y violento, que sí profesaban mayoritariamente los campesinos andaluces. Ni tampoco fue nuestra región escenario de atentados tan sangrientos como los provocados por “La Mano Negra” en la Andalucía profunda; pero sí que apareció por estas fechas, con una gran capacidad expansiva, el “socialismo” que iría sembrando entre braceros, yunteros y campesinos desposeídos de tierra una ideología “marxista” y reivindicativa que exigía el cambio social y la reforma de las estructuras agrarias.
Ya a partir de 1872 comenzaron a correr por los pueblos de Extremadura papeles y folletos en contra del “socialismo”; muy especialmente cartas pastorales de los obispos y panfletos editados y repartidos por los pueblos, como “La historia de Andresillo, o el comunismo visto por dentro”; “La Internacional Extremeña” y otras hojas volantes que repudiaban radicalmente los principios ideológicos de la “Asociación Internacional del Trabajo” (A.I.T.), que por estas fechas tenía ya una importante presencia en el país, especialmente entre los obreros industriales de Cataluña.
Unos pocos años después, en 1887, se fundaban en Madrid el “Partido Socialista Obrero Español” (PSOE) y la “Unión General de Trabajadores” (UGT) por el obrero tipógrafo Pablo Iglesias; aunque su llegada a nuestra región aún tardaría varias décadas y con escasa capacidad de convocatoria entre una población mayoritariamente analfabeta.
A partir de 1917 el panorama obrero y campesino en España cambió de forma muy notable. Comenzaron a surgir en los principales núcleos poblacionales de ambas provincias “asociaciones”, “círculos” o “agrupaciones” socialistas, que radicalizaron con mayor entusiasmo sus ideologías “marxistas” y sus actitudes revolucionarias, causadas por la huelga general, la situación crítica de las clases bajas y la fuerte reacción política y social de la Monarquía. A finales de aquel mnismo año, las noticias que venían de Rusia, donde había triunfado la Revolución “Bolchevique”, eran alentadoras para estas minorías intelectualizadas y dinámicas; y preocupantes para las clases privilegiadas y burguesas.
Según el citado libro de don José Polo Benito, en 1919 ya eran numerosas y muy dinámicas las agrupaciones “socialistas” – del PSOE y de UGT – de los pueblos extremeños; contaban con miles de afiliados y una notable participación política en los ayuntamientos más grandes de la región.
En Cáceres, donde había una nutrida masa obrera de mineros en la explotación de fosfatos de “Aldea Moret”, habían sido elegidos concejales cinco socialistas en su Ayuntamiento; entre ellos los hermanos Juan y Antonio Canales González, que harían una oposición contundente y radical a los partidos conservadores, mayoritarios en la ciudad, y a sus alcaldes. Contaba también esta agrupación con una “Casa del Pueblo” en la Ciudad Monumental y un periódico llamado “Unión y Trabajo” con una amplia difusión. Las propuestas de los hermanos Canales al pleno de la Corporación darían como resultado la creación de la “Tienda Asilo” para pobres, la iniciación de barriadas de “casas baratas” para clases bajas y el arreglo de calles y Plaza Mayor, con empedrados, aceras, alumbrado, etc. para dar trabajo a una buena parte de la población.
En Plasencia contaban con un concejal y 800 socios, desarrollando, al igual que en Cáceres, una vida política y cultural muy altiva en su “Casa del Pueblo”. Arroyo del Puerco – por su estación del ferrocarril – Oliva de Plasencia, Serradilla, Hinojal, Navalmoral de La Mata, Garrovillas, Madroñera y otros varios pueblos de la provincia de Cáceres – que eran los que mejor conocía el Deán de Plasencia – contaban con agrupaciones importantes que podrían imponer condiciones de trabajo, salario y jornada laboral a los propietarios o arrendatarios de tierras; lo cual encrespaba los ánimos de “caciques” y párrocos rurales.
En la provincia de Badajoz la agrupación socialista más numerosa debía ser la de Azuaga, también por la numerosa e importante masa obrera de sus minas. Tenían tres concejales en el Ayuntamiento y un periódico llamado “La Verdad Social” que publicaba “manifiestos” de marcado carácter revolucionario. También debía ser muy nutrida la agrupación de Badajoz, como capital de la provincia; las de Mérida, Zafra, Valencia del Ventoso, Monesterio, Usagre y Los Santos de Maimona, entre otros varios pueblos que cita Polo Benito. Contaban igualmente con “Casas del Pueblo” y con hojas o “pasquines” editados por ellos mismos para subrayar sus reivindicaciones sobre la vida obrera y campesina.
Durante el ajetreado reinado de don Alfonso XIII fueron varios los ministros liberales y progresistas que intentaron poner remedio a esta situación de injusticia y abusos por parte de los “latifundistas” y terratenientes que casi monopolizaban los cultivos en Andalucía, Castilla y Extremadura. Así, cabe citar, además de las iniciativas citadas anteriormente, las propuestas de Osorio y Gallardo, del conservador Antonio Maura y del economista Eduardo Sanz Escartín, Conde de Lizárraga, en sus obras sobre la reforma social, que chocaron contra el enorme poder de los “caciques” y políticos andaluces o extremeños que se opusieron a cualquier clase de cambio que les privase de una mano de obra barata, abundante y ayuna de cualquier cultura reivindicativa. A esto intentó ayudar la Iglesia creando “sindicatos católicos”; muchos de ellos promovidos por los mismos terratenientes – condes y marqueses – entre sus propios trabajadores, como el conocido don Casto López, Marqués de Comillas y otros grandes propietarios en el ámbito de la Acción Católica y de las “Sociedades de Socorros Mutuos” de previsión social.
La “Doctrina Social de La Iglesia” iniciada por el Papa León XIII a finales del XIX con la encíclica “Rerum Novarum” (1891) y subrayada por Pio XI en 1931 en “Quadragesimo anno” reforzaron estos movimientos sociales y obreros que se habían iniciado con la Acción Católica, Juventudes Obreras Católicas, y los sindicatos a que antes nos referíamos.
En 1920, el mismo rey Alfonso XIII realizaría un viaje a La Hurdes, al norte de la provincia de Cáceres, comarca aislada y remota que se definía, desde hacía siglos, como una bolsa de pobreza y atraso cultural, casi inconcebible en un país occidental y europeo. El Obispo de Plasencia y el Deán de su Catedral, don José Polo Benito, habían creado ya una revista y habían celebrado un “Congreso Hurdanófilo” (1904) para denunciar la situación de estas gentes, en lo más agreste de las sierras. Cuando el Rey vino a Salamanca en 1905, el propio José María Gabriel y Galán – residente entonces en Guijo de Granadilla – declamaría ante el Monarca uno de sus más expresivos poemas, describiendo a las mujeres hurdanas, que impresionó a don Alfonso.
El Monarca recorrió estas tierras por “caminos de lobos” desde el día 20 al 24 de junio de 1922, y pudo darse cuenta personalmente de la situación de estos pueblos y gentes extremeñas, que vivían en sus alquerías al nivel de la Edad Media: sin escuelas ni hospitales; sin apenas tierras qué cultivar, con niños que morían de escorbuto o crecían con notables taras físicas y mentales por falta de alimentos.
El viaje real solamente se pudo hacer en mulas porque no existían carreteras ni buenos caminos que comunicasen unas alquerías con otras; se inició en Casar de Palomero y siguió por Caminomorisco, Pinofranqueado, Martilandrán, Nuñomoral, Casares de Hurdes y Las Mestas, entonces alquerías de aspecto paupérrimo.
Contando con las aportaciones de el obispo de Plasencia y el de Coria – entonces don Pedro Segura Sáez, que acoimpoañó al rey en el viaje – así como de otros organismos provinciales y de la propia Corona, Alfonso XIII creo el “Real Patronato de Las Hurdes” para llevar a efectos una serie de planes y reformas que mejorasen las condiciones de vida de aquellas gentes. Se establecieron centros de acogida – los “Cotolengos” – en Caminomorisco, Nuñomoral y Las Mestas, en los que se situarían escuelas, asilos y poco más. Se arreglaron apenas sesenta quilómetros de carreteras y varias iglesias o ermitas en los pueblos; pero, sobre v todo destacó el gran montaje propagandístico, de cara a la prensa, para demostrar a los braceros extremeños que el rey se desvivía por la región.
Los resultados fueron muy escasos y los hurdanos siguieron siendo en las décadas siguientes el ejemplo de abandono y desidia de casi todos los gobiernos.
Los problemas políticos y económicos de España siguieron agravándose al comienzo de esta década de los años veinte. El 8 de marzo de 1921 era asesinado en Madrid el Presidente del Gobierno Eduardo Dato Iradier. El 22 de julio de ese mismo año, las tropas españolas que ocupaban el Rif, en Marruecos, fueron masacradas por las partidas de Abdel Krim en la interminable guerra de África, en la que se desperdiciaban todos los recursos del país.
Las huelgas, las asonadas en casi todas las ciudades y los atentados anarquistas, especialmente en Cataluña, hacían inviable una convivencia política que en 1922 estaba a punto de estallar, a causa del “Expediente Picasso” en el que se responsabilizaba al rey del desastre de Annual, por haber autorizado personalmente al General Silvestre el inicio de aquella acción militar desesperada.
El 13 de septiembre de 1923, el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja llamaría por teléfono al rey para comunicarle que llegaría a Madrid en el tren, con todo su Estado Mayor, para dar un “golpe de estado” de carácter militar y asumir todas las tareas y responsabilidades del gobierno en nombre del Ejército.
El Monarca accedió a esta iniciativa y entregó el poder al general. Tengamos en cuenta que solo un año antes Benito Mussolini había realizado en Italia un movimiento parecido y el rey Victorio Emmanuele III le había entregado las riendas del Estado para imponer una dictadura “fascista”, autoritaria y antidemocrática; muchos sectores políticos españoles aprobaron y casi envidiaron este nuevo régimen.
El primer gobierno de la Dictadura – al que se llamó “Directorio Militar” – disolvió las Cortes Generales y asumió el poder legislativo del nuevo Estado. Prohibió los partidos políticos; aunque mantuvo una cierta tolerancia con el PSOE, cuyos líderes fueron “asesores” en los temes y problemas obreros del Dictador.
Se abolió por Decreto la “Junta Central de Colonización”, y se creó “manu militari” la “Dirección General de Acción Social y Agraria”, que se ocupó de facilitar a los pequeños arrendatarios y aparceros la adquisición de sus predios de cultivo, concediéndoles créditos a un interés bajísimo. Esta medida permitió la distribución de notables lotes de tierras entre los campesinos de pueblos como Cañamero, Alía y otros de Las Villuercas, creando sindicatos agrícolas y cooperativas de producción que pusieron en cultivo extensiones de tierra baldía con viñedos, olivares y pastos, con altos rendimientos.
La política seguida por la Dirección General de Acción Social estuvo siempre inspirada en los movimientos sindicales católicos y en la doctrina social de la Iglesia, que en muchos pueblos habían iniciado los párrocos con el consentimiento y ayuda de los grandes propietarios. Algunos de éstos, como el marqués de Comillas, en Campo Arañuelo, o los franciscanos de Guadalupe en las dehesas del convento, habían cedido incluso tierras a los sindicatos católicos para su venta a bajo precio y con créditos “blandos” a los cooperativistas que se comprometiesen a cesar en sus reivindicaciones sociales.
Todas estas medidas, unidas a la protección que la Dictadura dio a los sindicatos socialistas (UGT) y a la creación de muchos puestos de trabajo, desviando la mano de obra agrícola hacia las carreteras e nuevas industrias y mejorando sensiblemente la Seguridad Social Obrera, determinó una sensación de paz social y de prosperidad campesina que cambió el ambiente político extremeño.
Después de 1925, con la finalización de la guerra del Rif por el desembarco de Alhucemas y la derrota de Abdel – Krim – que acabó huyendo al Marruecos francés -; el nuevo “Directorio Civil” presidido por el General Primo de Rivera emprendió un vasto plan de obras públicas, diseñado por el Ministro José Calvo Sotelo, que se financió con abultados créditos bancarios cargados sobre los déficits del Presupuesto Nacional; déficits, a su vez, financiados por créditos internacionales en una década de bonanza económica y loca expansión norteamericana.
Calvo Sotelo, además de promulgar como leyes los Estatutos Municipales y Provinciales, que ponían un poco de orden en los Ayuntamientos y Diputaciones, frente a las influencias y desmanes “caciquiles”; reforzó el sistema bancario español – como Ministro de Hacienda – creando entidades como el Banco Exterior de España, que facilitara las exportaciones; el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Local, para reforzar económicamente a los Ayuntamientos, y devaluó la peseta en un 60% para mejorar el comercio exterior abaratando los productos españoles.
Finalmente, creó un monopolio estatal de petróleos (CAMPSA) para regular los precios de la energía en el interior del país, regulando igualmente los demás monopolios “estancos”, como Correos, Teléfonos, Tabacos, etc. incrementando con ello los ingresos del Estado.
El “Plan Nacional de Obras e Infraestructuras” – cuando fue Ministro de Obras Públicas – absorbió prácticamente la totalidad de la mano de obra en paro; dando una sensación de bienestar a las masas obreras, a los sectores empresariales y bancarios y, en general, a todos los españoles; sin prever una creciente inflación de los mercados; una demanda interna y externa cada vez más abultada y un déficit nacional imposible de solucionar cuando, a finales de los “felices años veinte” se produjo el “crack” de Wall-Street y el hundimiento de la economía mundial.
En nuestra región, por el citado “Plan Nacional de Obras e Infraestructuras” se repararon las carreteras con mejores firmes y señalizaciones; levantándose de nuevo un enorme puente sobre el Tajo y el Almonte, junto al del ferrocarril, donde en la antigüedad estuvo el puente de “Alconétar”, cuyas ruinas aún eran notables.
Se aumentaron las líneas ferroviarias, con una que iría desde Villanueva de La Serena hasta Trujillo, Guadalupe y Talavera de La Reina; que quedó sin concluir y abandonada, cuando ya el final del período, en enero de 1930, se hundía todo el régimen monárquico, como consecuencia de la gran crisis mundial provocada por el “crack” de Nueva York.
Esta “bancarrota” económica de 1929 – en los Estados Unidos y en toda la Europa Occidental -, tuvo en España efectos catastróficos: inflación, carestía, incapacidad del Estado de absorber la deuda púbica, etc. El Régimen dictatorial y monárquico cayó en un notable desprestigio, por los intentos del General de perpetuarse en el poder reformando la Constitución en un sentido más “autoritario” y “fascista” – a lo que se negó el entonces Fiscal General del Estado, don Diego María Crehuet del Amo, cacereño y gran jurisconsulto del Tribunal Supremo – ; incluso, perdiendo preeminencia dentro del propio ejército, y su caída terminó por arrastrar a la Corona y a la figura de Alfonso XIII.
Las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931 dieron en Extremadura un triunfo relativo a los partidos tradicionales monárquicos y “caciquiles”, que dominaban en los pueblos; pero en las ciudades salieron más concejales republicanos, radicales y socialistas – como había ocurrido en el resto de España – con lo que el Rey se dio cuenta del escaso apoyo que tenía, y decidió abandonar el País, embarcando en Cartagena hacia su exilio en Roma, bajo la protección de su admirado régimen “fascista”.
El Ayuntamiento de Badajoz, presidido por el socialista Sinforiano Madroñero, y el de Cáceres, presidido por el también socialista Antonio Canales, dieron respaldo popular a un cambio institucional en las entidades locales, donde siempre había dominado los elementos conservadores y “caciquiles” de una y otra ciudad.
La situación social volvía a ser apurada y tensa en virtud de una deuda exterior que los primeros gobiernos de la II República no pudieron liquidar; pero estos problemas, con otros varios que afectaron a los extremeños y a todos los españoles, corresponden ya a una nueva etapa histórica que desarrollaremos en una charla posterior.
Muchas gracias por vuestra atención. Ahora abrimos el turno de debate para analizar lo dicho.

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